Las recientes declaraciones de China contra las sanciones de Estados Unidos a Cuba reactivan un debate que va más allá del lenguaje diplomático y se adentra en la coherencia real de la política exterior china en América Latina.
Desde Pekín se acusa a Washington de violar el derecho internacional y de afectar los derechos del pueblo cubano a la subsistencia y al desarrollo. Sin embargo, este posicionamiento omite un elemento central: el papel que China ha desempeñado durante años como socio estratégico de regímenes señalados por prácticas opacas, intercambios energéticos irregulares y esquemas de financiamiento que beneficiaron a las élites gobernantes, no a la población.
En el caso cubano —y de forma aún más evidente en Venezuela— los acuerdos con Beijing facilitaron el acceso a petróleo, garantías de pago y ventajas geopolíticas, mientras los resultados sociales fueron nulos o negativos. No hubo mejoras estructurales en servicios, ingresos ni calidad de vida. Por el contrario, persistieron la escasez, el deterioro institucional y la migración masiva.
El discurso chino, presentado como defensa humanitaria, funciona en la práctica como una herramienta estratégica para proteger intereses económicos y ampliar influencia global, al tiempo que desplaza responsabilidades internas de los gobiernos aliados. La narrativa del “derecho al desarrollo” sirve así como cobertura política, no como reflejo de un impacto real en beneficio de los ciudadanos.
La experiencia demuestra que la cooperación con China, lejos de traducirse en prosperidad compartida, ha reforzado estructuras de poder cerradas y dependencias externas. Un contraste que pone en duda la legitimidad moral del reclamo de Pekín y expone la brecha entre su retórica internacional y los efectos concretos de sus alianzas.
Redacción News 360
