La presión del aparato de seguridad del Estado cubano alcanzó en los últimos días a la Iglesia católica. Los sacerdotes Alberto Reyes Pías y Castor José Álvarez Devesa, ambos de la diócesis de Camagüey, fueron citados por la Seguridad del Estado luego de realizar pronunciamientos públicos donde abordaron el deterioro social, el miedo y la falta de respuestas institucionales ante la crisis que atraviesa el país.
De acuerdo con testimonios directos, las citaciones no estuvieron acompañadas de cargos formales ni procesos judiciales. Se trató de los habituales encuentros “preventivos”, una práctica recurrente utilizada por las autoridades para advertir, intimidar y marcar límites a quienes expresan posiciones críticas fuera del discurso oficial.
Los sacerdotes no hicieron llamados políticos ni partidistas. Sus intervenciones se centraron en cuestiones humanas y sociales: apagones prolongados, empobrecimiento, desesperanza y pérdida de dignidad, temas que forman parte de la vida cotidiana de millones de cubanos. Aun así, esas palabras bastaron para activar los mecanismos de control.
La inclusión de líderes religiosos dentro del radar represivo confirma un endurecimiento del clima interno y una reducción progresiva de los márgenes de tolerancia incluso en espacios que históricamente han mantenido cierto nivel de autonomía moral. No es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de presión sobre voces que intentan interpretar la realidad desde fuera de la narrativa oficial.
Cuando un Estado considera peligrosa una reflexión pastoral, el problema ya no es la crítica, sino la fragilidad del propio sistema frente a cualquier expresión que conecte con el malestar social.
Una lectura editorial de News 360.
