El 5 de diciembre de 2025, fiscales del United States Attorney’s Office for the Southern District of New York anunciaron la acusación contra Paul Campo, ex alto funcionario de la Drug Enforcement Administration (DEA), por presunta conspiración para lavar dinero y brindar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según la acusación formal, Campo —quien se retiró de la DEA en 2016 tras una carrera de aproximadamente 25 años y llegó a ocupar un puesto directivo en la Oficina de Operaciones Financieras— habría acordado participar en el lavado de hasta 12 millones de dólares en ganancias del narcotráfico.
Los documentos judiciales señalan que él y otro implicado convirtieron alrededor de 750 000 dólares en efectivo a criptomonedas, creyendo que los fondos provenían del CJNG. Asimismo, habrían facilitado un pago vinculado a aproximadamente 220 kilogramos de cocaína, bajo el entendimiento de que la droga sería distribuida en Estados Unidos.
Operación encubierta
Un elemento clave del caso es que la investigación se desarrolló mediante una operación encubierta. Las conversaciones y acuerdos se habrían realizado con una fuente confidencial que se hacía pasar por representante del cartel, bajo supervisión de las autoridades federales.
Esto implica que el caso no constituye una acción institucional de la DEA, sino una presunta conducta individual de un ex funcionario acusado de intentar utilizar su experiencia y conocimiento interno para beneficio criminal.
Situación procesal
La acusación fue presentada ante un gran jurado federal en Manhattan. Como en todo proceso penal en Estados Unidos, los cargos deben probarse ante un tribunal, y el acusado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.
El caso ha generado atención por el perfil del imputado y por el simbolismo que implica que un ex especialista en finanzas del combate antidrogas enfrente cargos relacionados con el lavado de activos del crimen organizado.
Redacción News360
