La Habana.
El Consejo de Estado informó este 11 de febrero la actualización del denominado Programa de Gobierno para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, tras lo que describió como un proceso de consulta nacional con más de 76 000 reuniones y 140 000 propuestas recogidas en todo el país.
Las cifras oficiales apuntan a un ejercicio participativo de gran alcance. Sin embargo, el contexto en que se desarrolla plantea interrogantes sobre el margen real de deliberación. En un sistema donde los medios de comunicación son estatales, no existen partidos políticos alternativos y la crítica pública puede derivar en consecuencias legales, la noción de consulta adquiere un significado distinto al que tendría en entornos con pluralismo institucional.
El documento actualizado, según el primer ministro, quedó estructurado en 10 objetivos generales, 116 específicos, 438 acciones y 308 indicadores. Se anunció además que será revisado nuevamente por instancias gubernamentales y partidistas antes de su publicación definitiva.
El énfasis oficial está puesto en la recuperación económica y en la respuesta al desabastecimiento de combustible. No obstante, la crisis energética, la inflación sostenida y la pérdida del poder adquisitivo no son fenómenos recientes, sino acumulativos.
Más allá del lenguaje institucional, la efectividad de cualquier programa dependerá de la transparencia en su implementación y de la existencia de espacios reales donde las propuestas ciudadanas puedan influir en decisiones estructurales.
En un escenario de dificultades prolongadas, la credibilidad no se mide por la cantidad de reuniones convocadas, sino por los resultados concretos que impacten la vida diaria de la población.
Redacción News 360
