La crisis eléctrica en Cuba no solo se mide en horas sin luz. También se está midiendo —cada vez con más claridad— en el tono con que instituciones estatales tratan a una población agotada, vulnerable y sin alternativas. En las últimas horas, News 360 recibió dos capturas atribuidas al canal institucional de Telegram de la Empresa Eléctrica de La Habana (EELH), donde se observan respuestas de supuestos operadores con un registro que va más allá de la desinformación: burla, hostilidad y amenaza.
En las imágenes, ciudadanos preguntan lo básico: hasta qué hora se mantendrá la afectación en zonas como Lawton, La Víbora y bloques específicos que reportan nueve horas o más sin servicio. La reacción atribuida a personal de atención virtual no se concentra en orientar ni en explicar. Se concentra en descalificar el reclamo, trivializarlo y, en el fragmento más delicado, amenazar con acciones indirectas vinculadas a telecomunicaciones: “llamar a ETECSA” y “quitar el internet” como forma de castigo ante la queja persistente.
Por razones de seguridad, las identidades visibles en las capturas han sido cubiertas deliberadamente. La intención es clara: proteger a los participantes ante el riesgo real de represalias, estigmatización o vigilancia posterior. Esta decisión no debilita el contenido. Lo refuerza, porque describe el ambiente en el que se produce: un país donde preguntar puede costar.
A estas alturas, se sabe cuál será la respuesta automática del aparato de propaganda: aparecerán voces para desacreditar el material, afirmando que es “mentira”, “montaje” o “generado con IA”. Es el mismo patrón aplicado en otros episodios recientes donde circularon evidencias de malestar social y trato abusivo: negar primero, ridiculizar después y, si es posible, intimidar al que difunde.
Lo esencial, sin embargo, es el fondo: la normalización del maltrato institucional. Estas respuestas no parecen fruto de un error puntual, sino de una lógica sostenida: transformar al ciudadano en culpable por exigir información, y convertir la atención pública en un espacio de castigo simbólico. Cuando una institución responde con desprecio a quien sufre, el mensaje no es técnico: es político. El propósito no es comunicar. Es disciplinar.
En un contexto donde el país acumula déficits energéticos severos, apagones prolongados y una infraestructura en deterioro, el trato mostrado en estas capturas revela otra dimensión del colapso: la ruptura del contrato mínimo entre Estado y ciudadanía. Si a la precariedad material se le suma la humillación, el resultado no es solo crisis. Es fractura social.
La pregunta de fondo no es si hay o no combustible, si se repartió o no se reparó. La pregunta es otra: ¿por qué una población que paga el costo total del derrumbe también tiene que recibir desprecio como respuesta? Y, sobre todo, ¿a quién beneficia que el pueblo se acostumbre a pedir permiso incluso para preguntar?
Una lectura editorial de News 360.
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