El Tribunal Supremo Popular de Cuba dejó firme la condena de privación perpetua de libertad impuesta al exviceprimer ministro y exministro de Economía Alejandro Miguel Gil Fernández, según confirmaciones conocidas en las últimas horas a partir de fuentes cercanas al proceso judicial. Con esta decisión, queda cerrada la vía de apelación en uno de los casos más sensibles del poder político cubano en décadas.
Gil fue juzgado en dos procesos penales separados, celebrados en noviembre de 2025. En el primero, el tribunal lo declaró culpable de espionaje, junto a una serie de delitos económicos y administrativos considerados graves por la legislación cubana. En el segundo, recibió una pena adicional de 20 años de prisión por corrupción continuada, tráfico de influencias y evasión fiscal, además de la confiscación de bienes y la pérdida de derechos civiles.
La condena original fue notificada oficialmente el 8 de diciembre de 2025, en un comunicado del propio Tribunal Supremo. Desde entonces, el caso se ha caracterizado por un alto nivel de opacidad: no se han hecho públicos los elementos probatorios del delito de espionaje, ni se ha precisado la naturaleza concreta de la información supuestamente entregada, ni a qué actor externo habría beneficiado.
La confirmación de la sentencia en apelación refuerza el carácter ejemplarizante del proceso. La caída de Gil —uno de los arquitectos del fallido reordenamiento económico— se produce en medio de la peor crisis económica del país en décadas, con inflación descontrolada, colapso productivo y pérdida total de credibilidad institucional.
Más allá de la responsabilidad penal individual, el caso deja abiertas preguntas de fondo: cómo operó durante años un sistema que ahora se presenta como infiltrado, y por qué las responsabilidades se concentran en una sola figura cuando las decisiones económicas fueron colectivas y sostenidas por la cúpula del poder.
Una lectura editorial de News 360.
