La medida busca dar cobertura jurídica a una realidad existente y podría beneficiar a unas 500.000 personas
El Gobierno de España ha dado un paso decisivo hacia una regularización extraordinaria de personas migrantes que se encontraban en el país antes del 31 de diciembre de 2025. La iniciativa, fruto de un acuerdo político entre el PSOE y Podemos, se plantea como una respuesta administrativa a una situación prolongada de irregularidad que afecta a cientos de miles de residentes.
Según lo anunciado, el proceso podría alcanzar a alrededor de 500.000 personas, siempre que cumplan tres criterios básicos: haber llegado a España antes de la fecha límite establecida, acreditar al menos cinco meses de permanencia en el país y carecer de antecedentes penales. El objetivo central es ofrecer seguridad jurídica y facilitar la integración laboral de quienes ya forman parte del tejido social y económico.
Uno de los aspectos más relevantes del plan es la flexibilización de los mecanismos para demostrar la residencia. El empadronamiento dejará de ser el único documento válido. También se aceptarán informes médicos, contratos o recibos de suministros básicos y certificaciones de envíos de dinero, una medida clave para personas que no pudieron registrarse formalmente en su municipio.
Desde el punto de vista operativo, la admisión a trámite conllevará la concesión de una autorización de residencia y trabajo por un año, además de la suspensión de expulsiones y órdenes de retorno derivadas de infracciones administrativas. Una vez transcurrido ese período, los beneficiarios podrán optar a una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
El Ejecutivo prevé aprobar la regularización mediante real decreto, evitando así un largo proceso parlamentario. La iniciativa conecta con una propuesta ciudadana respaldada por más de 600.000 firmas y se inscribe en una tradición de procesos similares aplicados en España desde la década de 1980 para reducir la economía sumergida y ordenar el mercado laboral.
Desde una lectura editorial, la medida supone un movimiento de alto impacto social y económico, con efectos directos sobre empleo, recaudación y cohesión social, y abre un nuevo capítulo en el debate migratorio español.
Una lectura editorial de News 360.
