Una jueza federal en Boston asestó un golpe importante a la política migratoria impulsada por Donald Trump al concluir que la cancelación masiva del estatus legal de personas que entraron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One fue ejecutada de forma ilegal. La decisión devuelve alivio inmediato a una parte de esa población migrante y reabre una batalla judicial de alto impacto en pleno endurecimiento de la agenda migratoria de la Casa Blanca.
La magistrada Allison Burroughs determinó que el Departamento de Seguridad Nacional no podía revocar de manera generalizada esos permisos de permanencia temporal sin cumplir con el procedimiento legal correspondiente. El fallo cuestiona directamente la forma en que la administración intentó desmantelar una vía creada durante el gobierno de Joe Biden para canalizar entradas programadas en la frontera.
El caso tiene un alcance enorme. La medida del gobierno afectaba a más de 900,000 personas que habían recibido parole, según los datos expuestos en la demanda. Entre los demandantes aparecen migrantes de Venezuela, Cuba y Haití, en un expediente que se ha convertido en una de las disputas migratorias más sensibles del momento.
La resolución no cierra el conflicto, pero sí frena una de las maniobras más agresivas lanzadas contra quienes habían logrado entrar al país bajo ese mecanismo. Por ahora, el fallo representa un alivio para cientos de miles de personas que quedaban expuestas a perder su protección migratoria de forma abrupta mientras continúa el litigio.
Redacción News 360
