La nueva regla de la SBA entra en vigor el 1 de marzo de 2026 y marca un giro en la política de financiamiento
A partir del 1 de marzo de 2026, la Small Business Administration (SBA) aplicará una nueva normativa que excluye a los residentes permanentes legales —titulares de green card— del acceso a préstamos federales destinados a la creación o expansión de pequeños negocios en Estados Unidos.
La medida afecta directamente a los programas SBA 7(a) y SBA 504, considerados los principales mecanismos de financiamiento respaldados por el gobierno federal para capital de trabajo, compra de equipos, adquisición de inmuebles comerciales y expansión empresarial.
Requisito clave: propiedad 100 % ciudadana
Con la nueva regla, el 100 % de los propietarios de una empresa deberá ser ciudadano estadounidense para que el negocio pueda calificar a un préstamo respaldado por la SBA.
Esto implica que si un residente permanente posee incluso un 1 % de participación, la empresa queda automáticamente descalificada, sin excepciones.
Hasta ahora, la política permitía la elegibilidad cuando la mayoría del negocio estaba en manos de ciudadanos o residentes legales. Esa flexibilidad queda eliminada por completo.
Vínculo con la Casa Blanca
El cambio normativo está vinculado a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, y se enmarca dentro de una revisión más amplia de los programas federales de apoyo económico, con el objetivo declarado de priorizar el uso de fondos públicos en empresas de propiedad exclusivamente ciudadana.
Funcionarios de la SBA han señalado que la medida busca reorientar recursos federales hacia lo que consideran intereses económicos nacionales directos.
Impacto económico y debate abierto
El anuncio ha generado preocupación en sectores empresariales y legales, ya que los residentes permanentes han sido históricamente un motor clave del emprendimiento, especialmente en comunidades inmigrantes. Analistas advierten que la norma podría:
limitar el acceso al capital para miles de negocios activos, frenar nuevas iniciativas empresariales, y afectar la creación de empleo en sectores locales.
Aunque la regulación ya es oficial, no se descartan acciones legales ni presiones legislativas en los próximos meses para intentar revertir o matizar su alcance.
El 1 de marzo de 2026 marca así un punto de inflexión en la relación entre inmigración legal, emprendimiento y apoyo financiero federal en Estados Unidos.
Redacción News 360
